Modelo. violencia y bienestar.

Una parte sustantiva de la sociedad mexicana ha dado muestra activa de un ácido malestar que la atosiga. Y ha sido mostrado por parte del segmento más consciente de ella. Numeroso conjunto que, además, ha logrado conquistar aceptables grados de desenvolvimiento personal y familiar. El descontento llevado a las calles es digno de consideración por todos y cada uno de los actores que ocupan posiciones de mando, riqueza, difusión o influencia. Trátese de partidos políticos, gobiernos en sus varias ramas y niveles, medios de comunicación, sindicatos, iglesias, organizaciones empresariales o la multitud de esas células integradas que ha procreado la misma sociedad. Todos tienen el deber de meditar en lo que está sucediendo en el país y actuar en consecuencia.

Se está llegando a puntos de conflicto donde el anhelado retorno a la normalidad se torna de difícil inflexión. Simplemente el régimen de la vida organizada del país ya no es capaz de prolongar, por tiempo indefinido, su actual modus operandi. El estado de cosas prevaleciente agotó sus capacidades para mejorar las condiciones de la convivencia desde hace bastantes años. No fue concebido, es cierto, para el bienestar de las mayorías ni para garantizar que accedieran, masivamente, a crecientes oportunidades de desarrollo. Fue un entramado carente de sensibilidad, plagado de egoísmo y con valores invertidos. Los pocos momentos que se han tenido para introducir modificaciones correctivas fueron desaprovechados o, francamente, trampeados con cinismo cabalgante por parte de las elites conductoras. Sólo la inercia, el enorme cúmulo de complicidades que entrelazan intereses ilegítimos (ilegales incluidos) y el uso indebido de los aparatos de propaganda han logrado esta mediocre continuidad de un sistema de privilegios para unos cuantos y exclusiones para todos los demás.

La violencia y su concomitante inseguridad no se curan, sin embargo, con acciones policiacas esporádicas de los cuerpos represivos. Tampoco priorizando la aprobación de leyes más severas cocinadas al vapor de urgencias, iras colectivas o venganzas a duras penas contenidas. Menos aún solicitando renuncias instantáneas de los irresponsables que, en primera instancia, nunca debieron ocupar puestos de alta jerarquía. Exigir cambios drásticos en las estrategias, conductas o formas de operar de los incrustados en la cúspide del poder decisorio resulta, al final de cuentas, estéril. Aun cuando los puntos que componen el pliego de exigencias estén bien orientados y basados en experiencia probada, bien consensuados y apoyados en el conocimiento de los autores, al final giran, en su mayor parte, sobre asuntos de seguridad. La inclusión de atenciones prioritarias para la juventud (recreación, trabajo o educación, por ejemplo) se sabe de sobra, encuban sus salidas al mediano y largo plazos. En cambio, la íntima relación entre inseguridad, violencia y desigualdad queda en la retaguardia en vez de ocupar el lugar primordial. Los partidos no van a modificar sus maneras de operar o destituirán a sus jerarquías y así continuarán en la brega por su cacho de poder. Unos con más, otros con menos inteligencia o sensibilidad. Los candidatos ya prefigurados seguirán sus rutas prestablecidas. Pero unos son mejores que otros y habrá que saber distinguir.

La base que deforma la realidad mexicana yace casi intacta desde hace ya varias décadas. Esa trastocada base es la causal de la decadencia y el punto hacia el cual hay urgencia de dirigir la mirada y canalizar las energías colectivas. Mucho se puede aún hacer para mejorar la convivencia. Pero esa mejora no pude provenir de la cúspide del poder. La razón de la negativa es simple: la cúspide misma es, en efecto, parte sustantiva del problema que aqueja a la nación. El señor Calderón se lanzó al combate sin contar con la legitimidad requerida. Decidió, en solitario, dar un zarpazo ejemplar y ocupar el centro de la escena pública. Movilizó la enorme fuerza del Ejército sin contar con un plan de combate adecuado que apoyara en sus flancos a los soldados. El trabajo de inteligencia previo fue defectuoso, parcial, mal orientado hacia las regiones amenazadas y a los grupos de maleantes. La prisa por asentarse en la Presidencia, mal conseguida en las urnas, lo llevó a un desatado frenesí de sangre y dolor. Y así, con rencor creciente, continúa dando golpes esporádicos que poco contribuyen a la victoria que, en este caso, siempre será el retorno a una vida decente, productiva y segura. Mucho se hará con detener, con maniatar su comportamiento belicoso, huidizo e ineficaz.

Hay necesidad de prepararse para lo que ya se avecina: la posibilidad de iniciar la tarea reconstructiva del país. Ella será, sin duda, prolongada y llena de sacrificios. Se tiene que empezar el trabajo armados con un modelo distinto de gobierno. Uno que responda a la gente en sus necesidades y deseos y no, como el actual, diseñado para mantener y acrecentar privilegios para unos cuantos. Elegir liderazgos confiables y honestos será el objetivo. Otorgarles la legitimidad de las mayorías votantes para darles un mandato inequívoco de ser servidores y no atender las ambiciones de sus allegados, cómplices o patrones.

En lugar de renuncias hay que exigir al señor Calderón que no malgaste los escasos recursos que se tienen. Detener el dispendio de la alta burocracia que lo rodea. Ese billón de pesos que ha empleado en cebar a la capa dorada de burócratas centrales con prestaciones onerosas bien pudo ser destinado para crear cientos de miles de empleos, invertidos en centros educativos y recreacionales para los jóvenes que hoy esperan, como opción malsana, ser reclutados por el crimen organizado. Que el descontento social haga olvidar que, a la plutocracia que manda, poco le importa la vida, el bienestar o el dolor de los demás. Ellos quieren exprimir un tanto más a los trabajadores, precarizar salarios, apropiarse de lo que queda de Pemex, inducir normas favorables para seguir sin pagar impuestos y agrandar, en exceso, sus privilegios e impunidad. Será en la elección presidencial venidera cuando se podrá forzar el cambio de ruta, de modelo o su continuidad asesina. Se espera que este momento de inflexión colectiva insuflado por la marcha conduzca, después, a las transformaciones que se desean.

Los crimenes de la O.T.A.N.

El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, más tarde Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue celebrado en abril de 1949.

Según su artículo 5º con finalidades puramente defensivas y de ayuda mutua en el caso de un ataque contra alguno de los Estados miembros. Y precisando en su artículo 6º los territorios y lugares donde rige la alianza defensiva.


Cuando Nasser nacionalizó el Canal de Suez en 1956, Francia y Gran Bretaña quisieron embarcar a la OTAN en su primera acción agresiva fuera de la zona definida en el artículo 6 del Tratado, pero Estados Unidos se opuso y la agresión militar contra Egipto y la ocupación del canal de Suez corrió por cuenta exclusiva de Francia y Gran Bretaña.


Con la desaparición del bloque soviético algunos pensaron que también desaparecería la OTAN pero no fue así, sino que ocurrió lo contrario: se incorporaron a la OTAN los países del Este de Europa y extendió su radio de acción que pasó de teóricamente defensiva a claramente ofensiva y más allá de los territorios de sus Estados Miembros.


La ampliación de la OTAN constituyó en primer lugar un negocio para los fabricantes de armas, pues los nuevos Estados Miembros tuvieron que que adaptarse a los “standards” militares de la OTAN y modernizar su armamento, comprándolo en Estados Unidos o en algunos países de Europa Occidental.


En 1989, el abogado John Hadley se convirtió en Asistente para Políticas de Seguridad Internacional del Secretario de Defensa de Estados Unidos Dick Cheney y en oficial de enlace entre el Departamento de Defensa y el Consejero de Seguridad Nacional Brent Scowcroft. En esa posición, fue el principal responsable en el Pentágono de las políticas referidas a la OTAN y a Europa Occidental. En 1993 volvió al sector privado, donde trabajó como consejero de The Scowcroft Group, firma de asesoría estratégica fundada por Brent Scowcroft, y como abogado de Lockheed Martin, líder mundial de la industria militar. Junto a Bruce P. Jackson, vicepresidente de Lockheed Martin, ayudó a establecer en 1996 el Comité Estadounidense para la Ampliación de la OTAN, una organización privada para presionar en favor de la integración de los países del Este de Europa a la OTAN y promover entre los dirigentes de esos Estados la compra del material militar a Lockheed Martin.


El pasaje de la OTAN a un estatuto ofensivo extraterritorial marcó el comienzo de su participación en agresiones armadas caracterizadas por la violación sistemática del derecho internacional humanitario contenido en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1973. Ya sea emprendidas oficialmente como OTAN o como “coaliciones” de algunos potencias occidentales.


El desprecio de la condición humana del otro, propio de las acciones militares de la OTAN no son una novedad dentro del capitalismo desarrollado occidental, pues constituyen una característica permanente del mismo desde sus albores. Se podría comenzar por la primera arma bacteriológica (mantas contaminadas con viruela) utilizada por los ingleses contra los indios Delaware en 1763, seguir con las masacres que cometieron en distintos continentes en el Siglo XVIII y XIX y así hasta la actualidad.


Pero nos limitaremos a mostrar que la agresión actual contra Libia responde a los métodos que emplean regularmente la OTAN y, colectiva o individualmente, sus principales Estados Miembros: Panamá, (entre 1000 y 4000 civiles muertos, según las fuentes); Guerra del Golfo (varias decenas de miles de muertos civiles); Afganistán, (3700 civiles muertos ya en 2001 a causa de los bombardeos yanquis, 2700 muertos civiles en 2010 y en febrero de 2011 la OTAN asesinó en la provincia de Kunar a 64 civiles, la mayoría mujeres y niños); guerra contra Irak (varios cientos de miles de muertos civiles).


Crimen de agresión


Como se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 30 de setiembre de 1946 : "Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen internacional: es el crimen internacional supremo y sólo difiere de los otros crímenes de guerra por el hecho de que los contiene todos".


Aún admitiendo por hipótesis la legitimidad de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad que ordenó el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia, a esta altura, después de casi dos meses de bombardeos sistemáticos y de la participación en el terreno de fuerzas especiales de varios países occidentales, es evidente que dicha resolución ha sido groseramente violada.


Sin embargo, ningún Estado ni grupo de Estados pide lo mínimo en estas circunstancias: la convocatoria del Consejo de Seguridad de conformidad con lo establecido por el art 54 de la Carta de las Nacione Unidas: “Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales”.


Crímenes de guerra


Los actos de guerra realizados en el curso de una agresión son crímenes de guerra, como se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 1946.


Pero además, en el curso de la agresión contra Libia se están cometiendo diversos crímenes de guerra sancionados por el derecho internacional humanitario (Convenios de La Haya de 1889 y 1907, el Reglamento anexo a este último sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre (R.G.T.), los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos facultativos I y II de 1977, etc.)


1. Ataques a la población civil.


Los ataques a la población civil en sus viviendas en medio rural o urbano no son errores.


Estos hechos constituyen una violación de la "Regla fundamental" del artículo 48 del Protocolo I de 1977: hacer siempre la distinción entre población civil y combatientes y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares y dirigir las operaciones solamente contra objetivos militares.


2. Utilización de armas prohibidas.


Algunas fuentes indican que se están utilizando bombas con una aleación que contiene uranio empobrecido (como se hizo en Yugoslavia y en la Guerra del Golfo).


Existen múltiples estudios y la experiencia de la primera guerra del Golfo que afirman que la explosión de tales bombas provocan graves daños a largo plazo en el medio ambiente y en el ser humano. Aun admitiendo la controversia sobre tales efectos, son aplicables los artículos 35 (3) y 55 (1) del Protocolo I: métodos o medios de guerra que causan o se puede esperar que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.


3. Bombardeos masivos y prolongados.


Los bombardeos reiterados sobre Trípoli constituyen un crimen de guerra, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra , particularmente su inciso 5 (los bombardeos que traten como un objetivo militar único cierto número de objetivos militares espaciados y diferentes situados en una ciudad).


4. Destrucción de las infraestructuras civiles.


La destrucción de infraestructuras civiles son crímenes de guerra, pues violan el artículo 54, inc. 2 del Protocolo I: prohibición de poner fuera de uso bienes indispensables a la supervivencia de la población civil.


5. Ataques a los medios de comunicación.


Los agresores bombardearon la TV libia. Los ataques a los medios de difusión (emisoras de televisión, etc.) constituyen crímenes de guerra, de conformidad con el art. 79 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra (Medidas de protección de los periodistas). Los precedentes no faltan: durante la invasión a Panamá en 1989, una de las primeras operaciones de la aviación estadounidense consistió en destruir con un misil la estación de TV panameña. Durante la guerra contra Yugoslavia en 1999 bombardearon la TV de Belgrado, causando 14 muertos, en 2001 bombardearon la sede de la TV Al Jazira en Kabul y en Bagdad bombardearon también la TV Al Jazira, donde murió un periodista.


Las responsabilidades


1.Crimen de agresión. Son responsables del crimen de agresión quienes tomaron la decisión y la están llevando a cabo es decir los gobernantes de los Estados agresores, las autoridades de la OTAN y sus jefes militares.


2. Crímenes de guerra. Son autores quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron, a lo largo de toda la cadena de mandos. Son cómplices por acción quienes facilitan la comisión de los mismos, entre ellos los jefes de Gobierno que permiten el uso de bases militares en su jurisdicción y los que autorizan el tránsito por su espacio aéreo de los aviones de los Estados agresores en misión de ataque.


Son cómplices por omisión de la agresión y de los crímenes de guerra (art. 86 del Protocolo I: omisión contraria al deber de actuar) quienes tienen el deber de actuar para tratar de poner fin a los hechos y no lo hacen: los miembros de Consejo de Seguridad que, ante la agresión, se abstienen de solicitar la convocatoria del mismo y el Secretario General de las Naciones Unidas, que se abstiene de convocar al Consejo de Seguridad ante la manifiesta violación de la Resolución 1973.


Esta descripción de las responsabilidades no significa que las mismas sean fácilmente justiciables: no existe una instancia judicial capaz de pedir cuentas a los grandes de este mundo por los crímenes que cometen, pues la Corte Penal Internacional no reune los requisitos de independencia, imparcialidad y objetividad para desempeñar esa función.


Para detener la agresión contra Libia, dada la inoperancia del Consejo de Seguridad, queda el recurso de convocar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a una sesión especial (arts. 20 y 27.2 de la Carta de las Naciones Unidas).


Puede hacerlo el mismo Consejo de Seguridad con el voto afirmativo de nueve cualesquiera de sus miembros, permanentes o no. En este caso no funciona el veto.


Si el Consejo de Seguridad no lo hace, pueden pedir la convocatoria de la Asamblea General la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (artículo 20 de la Carta). Es decir actualmente unos cien Estados Miembros.


Así convocada, la Asamblea General puede "discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas." (artículo 11, párr. 2, y artículos 34 y 35 de la Carta) y puede “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones." (artículo 14).


En ese contexto, el 3 de noviembre de 1950 la Asamblea General adoptó la resolución 377 (V) "Unión para el mantenimiento de la paz", más conocida como "resolución Dean Acheson", donde se establece que cuando se reúnen ciertas condiciones (impotencia del Consejo de Seguridad, decisión de reunir a la Asamblea General, etc.), la Asamblea general "examinará inmediatamente la cuestión a fin de hacer a los miembros las recomendaciones apropiadas sobre las medidas colectivas a adoptar".


La Asamblea General ha utilizado el "procedimiento Acheson" en varias oportunidades y en distintas épocas: intervención militar en Egipto (1956), en Hungría (1956), Líbano (1958), conflicto indo-pakistano (1971), Jordania (1980), Afganistán (1980), Namibia (1981), Bosnia- Herzegovina (1992), etc.


Pero para poner en marcha ese mecanismo hace falta que algunas grandes potencias, como China y Rusia y otras Estados “emergentes” reaccionen y dejen de ser cómplices por omisión.


Los asesinatos


Pese a los desmentidos, es obvia la intención de asesinar a Kadafi.


Y con independencia de los crímenes cuya responsabilidad es atribuible a Ben Laden, su ejecución, si el muerto es realmente Ben Laden, es un asesinato. Calificación confirmada por la información oficial de los Estados Unidos de que Ben Laden no estaba armado.


Obama declaró “se hizo justicia”, olvidando, pese a estar diplomado en derecho en Harvard, que incluso los criminales nazis tuvieron derecho a un juicio público y a contar con abogados defensores.


Obama, con el asesinato de Ben Laden ha dirigido un doble mensaje: al electorado norteamericano presentándose como el “justiciero” y a todo el mundo para decirle que Estados Unidos puede asesinar a quien estime conveniente allí donde se encuentre.


Lo nuevo es que este asesinato ha sido cometido pública y oficialmente y se ha mostrado a todo el mundo a Obama y su plana mayor siguiendo “en vivo y en directo” el operativo del asesinato de Ben Laden.


Pero los asesinatos más o menos clandestinos son una constante de la política estadounidense y de sus principales aliados.


Sobre esto puede consultarse un Informe presentado al Congreso de los Estados Unidos por el senador Church: Comision Church, “Alleged Assassination Plots Involving


Foreing Leaders, An Interim Report”, U.S. Government Printing Office, November 18 1975.


Puede consultarse también The CIA's Nicaragua Manual, Psychological Operations in Guerrilla Warfare, Vintage Books, Random House, New York, 1985.


El informe Church se refiere a las tentativas de asesinar a Fidel Castro y a los asesinatos, entre otros, del general chileno René Schneider en 1970 y del líder congolés Patrice Lumumba, el 17 de enero de 1961, menos de seis meses después de haber sido elegido primer ministro.


En un documental emitido por el canal de televisión franco alemán ARTE el 3 de octubre de 2007 (Cuba, una odisea africana), se puede ver y oír a Lawrence (Larry) Devlin, jefe de estación de la CIA en el Congo en la época de los hechos, diciendo que la orden de asesinar a Lumumba la habría dado el Presidente Eisenhower personalmente.


Cabe agregar, entre otros, los asesinatos de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en Buenos Aires en 1976, del general chileno Prats también en Buenos Aires y de Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, en Washington en 1976.


A fines de junio de 2007 fueron desclasificados documentos de la CIA, aunque con numerosas tachaduras. En ellos se revela, entre muchas otras cosas, que en setiembre de 1960 la CIA estuvo en tratos con mafiosos de Miami para que asesinaran a Fidel Castro.


En un documento presentado en un coloquio organizado por la revista “Politique aujourd’hui” en junio de 1986 en St. Fons, Francia, con la presencia de dirigentes socialistas de varios países europeos, el señor Bruno Amoroso, profesor de economía de la Universidad de Roskilde, Dinamarca, presentó un documento sobre el tema “El modelo escandinavo frente a la crisis, pleno empleo y política social”, donde se lee:”La ausencia de solidaridad con la OTAN y con los Estados Unidos que demuestran los socialdemócratas escandinavos, por lo demás imputados cada vez con más insistencia de colaboración con los países del Este y acusados en documentos secretos de los servicios de seguridad militar de Dinamarca o en artículos emanados de oficiales superiores del ejército sueco, colocarían a la socialdemocracia y a toda la izquierda en la incapacidad crónica de gobernar, a semejanza de los comunistas italianos hoy. El asesinato de Olof Palme, en Suecia, el proceso por espionaje a Arne Tresholt en Noruega y el “suicidio” político de Kjeld Olesen, en Dinamarca, son signos infalibles”.


Se podrían agregar muchos nombres a esta lista pero solo mencionaremos el secuestro y asesinato en Francia del líder marroquí Ahmed Ben Barka con la participación de los servicios secretos franceses, el asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos y el de Aldo Moro en Italia con la complicidad de los servicios secretos italianos, vinculados a la CIA.


El panorama mundial es sombrío. Pero hay que creer en el dicho: “La noche siempre es más oscura justo antes del amanecer”.

Comisiones en crisis.

Quien haya acuñado la frase del hombre y su doble y crónico tropiezo con la misma piedra, de seguro pensaba en México, país donde no sólo le metemos el empeine a la roca sino vemos cómo la gente se anega dos veces en la misma caca.

Y también cómo año con año nuestros raquíticos y mal explotados bosques se incendian con llamaradas cuya resistencia es inaudita: no se extinguen ni siquiera con discursos; aguantan las salivosas declaraciones de cuanto burócrata con micrófono haya a la mano.

Y también son resistentes a las palabras, los mares de agua negra en el oriente de la ciudad de México, donde el sueño salinista del Valle de Chalco-Solidaridad, se regresa al fétido pantano año con año, como para decirnos lo improcedente de tan socorrida demagogia tricolor.

La Comisión Nacional del Agua ha hecho una vez más el ridículo, como le ha ocurrido en el norte coahuilense a la Comisión Nacional Forestal.

La comisión del agua en la podredumbre. La comisión del árbol en el incendio.

El 10 de febrero José Luis Luege informó, como si les hablara a menores de edad:

“La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició el bombeo de un volumen de aproximadamente 140 mil metros cúbicos de aguas negras que durante la inundación se introdujeron por la lumbrera uno y se acumularon en el túnel río de La Compañía, ubicado a una profundidad de 30 metros, en el sitio de la ruptura del bordo de esa corriente…”

“El bordo del canal río de La Compañía (8 días después) está resistiendo bien, pero se mantiene una vigilancia estrecha en los puntos vulnerables que se tienen identificados para estar muy pendientes por si se presenta alguna filtración y atenderla inmediatamente”.

La filtración se presentó; nadie la atendió de inmediato y treinta metros de los muros de contención se vinieron abajo en la fétida torrentera. La estación de bombeo de La Caldera, cuya inversión fue de casi mil 700 millones de pesos, simplemente no funcionó para los fines previstos.

El alcalde de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, compartió de esta manera su ignorancia:

“No me explico qué pasó; alguien cometió un error, no sé si se quisieron ahorrar algún combustible porque el túnel profundo no estaba operando bien”.

Pero los burócratas ya tienen a quien culpar.

Si la violencia en Tamaulipas se le debe al Kilo, la navegación fecal tiene un responsable: “El colchón”, pues la gente insensible, incivil, inculta y cochina, llena de basura las instalaciones hidráulicas.

“Hasta un colchón hemos encontrado en el cauce”.

Cuando se puso en servicio el túnel profundo, lleno de satisfacción por el seguro y seco porvenir, el presidente Felipe Calderón lanzó una profecía hasta ahora incumplida:

“(…una obra gigantesca) que evitará y terminará con las inundaciones derivadas del Río de la Compañía, con eso estaremos evitándole a la gente otra tragedia como la ocurrida el año pasado… sabemos lo mucho que ha sufrido la gente… nunca más inundaciones catastróficas en Ixtapaluca, Chalco, Solidaridad…”

Pero mientras al pie de los volcanes el detritus navega como si fuera moderna chinampa, en Coahuila 165 mil hectáreas con vegetación de distinto tipo se han convertido en cenizas y los fuegos forestales amenazan con hacer de las suyas en otros estados y en Veracruz, donde ya aparecieron algunos culpables de la llama, un señor a quien apodan El Colillas.

Jesús Dorantes, gerente regional de la Conafor en Veracruz, ha dicho de los incendios:

“…en 2010 las lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones erosionaron grandes extensiones de vegetación…también en 80 por ciento de los casos los siniestros son provocados por actividades humanas, ya sea por quemas agrícolas, combustión de basura o por descuidos de campistas que encienden fogatas, dejan vidrios o tiran colillas de cigarro en áreas verdes”.

Así pues Don Colilla, Don Colchón y la inútil doña Caldera son los culpables de todo esto.

Ni una palabra del desorden urbano, nada relacionado con los negocios inmobiliarios cuya proliferación satura y excede los servicios; ni siquiera un pensamiento para la reubicación de vecinos asentados donde nunca debieron estar. Nada, todo tiene una explicación para salir del paso y si halla justificaciones aún en el peor mundo de los pretextos inventados, las cosas se resuelven. Total, se manda un boletín de prensa, se hace una promesa y asunto terminado.

A fin de cuentas nada más falta unos meses para el nuevo desbordamiento.

La gente nació para aguantarse, los políticos para mentir y engañar y la realidad para ponerlos a todos en su lugar.